La Suprema Corte de México despenalizó el aborto a nivel federal, en una decisión que mueve al país en la línea de otros países de América Latina a favor del acceso a la interrupción del embarazo.
Por unanimidad, los tres ministros de la Primera Sala Corte declararon el miércoles inconstitucional el apartado del Código Penal Federal que criminalizaba el aborto, una medida elogiada por varias organizaciones dentro y fuera del país mayoritariamente católico.
“A ninguna mujer o persona gestante, ni al personal de salud, se le podrá castigar por abortar”, publicó en un comunicado en la red social X, antes conocida como Twitter, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, que fue quien presentó la acción.
La decisión del máximo tribunal mexicano implica, según el grupo en defensa de derechos reproductivos de las mujeres, que “las instituciones federales de salud de todo el país tendrán que brindar el servicio de aborto a las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten”.
El máximo tribunal dijo en un comunicado que las normas que penalizan el aborto voluntario, ya sea que otra persona lo practique o que la mujer o persona gestante se lo autoprocure, son "inconstitucionales al anular por completo el derecho a decidir”.
Sostuvo que la criminalización del aborto constituye un “acto de violencia y discriminación por razón de género”. Asimismo, se determinó que es inconstitucional la regulación que impone la suspensión del ejercicio de la profesión a los médicos o parteras que practiquen los abortos.
La Corte señaló que el Congreso debe derogar las normas contenidas en el Código Penal Federal que criminalizan el aborto voluntario antes de que finalice el período de sesiones tras la notificación de la sentencia.
La decisión llega en medio de una tendencia en América Latina en general en avanzar a favor del aborto pero cuando varios estados de Estados Unidos caminan justo en sentido contrario, aumentando las restricciones.
La histórica resolución generó posiciones encontradas en México, un país mayoritariamente católico, donde hay una fuerte presencia de organizaciones civiles y activistas que defienden la interrupción voluntaria del embarazo y otras que están en contra del aborto.
Una de las primeras en respaldar la decisión fue la senadora oficialista Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, quien afirmó que la sentencia representa un avance en México hacia una “sociedad más justa en la que se respeten los derechos de todas".
Al referirse a las implicaciones de la sentencia, Sánchez Cordero dijo en la red social X que las mujeres gestantes procesadas o sentenciadas “deberán ser absueltas”. Agregó que ahora el Congreso tiene la misión de legislar sobre esa materia.
“Se ha dado otro paso más de esta ruta que empezamos hace más de una década. Las mujeres van a tener otras opciones”, indicó Marina Reyna, directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia la Mujer, quien reconoció que mantiene dudas de que algunos funcionarios y médicos, especialmente del sector público, acaten la sentencia.
Hace dos años, la Suprema Corte de Justicia había anulado varios artículos de una ley del estado norteño de Coahuila en los que se consideraba delito abortar y se criminaliza tanto a las mujeres como al personal que pudiera ayudarlas, lo que representó un gran avance en la lucha de las mexicanas por descriminalizar el aborto.
La semana pasada un nuevo estado mexicano, Aguascalientes, se incorporaba a la lista de entidades en despenalizar el aborto, también por un pronunciamiento de la Suprema Corte. Eran 12 de 22.
“A pesar de que ya tengamos reforma, de que sea obligatorio para las instituciones hacerlo, todavía hay muchas resistencias”, indicó Reyna al señalar que, aunque en el estado sureño de Guerrero desde el año pasado se despenalizó el aborto, en esa entidad existen unas 22 carpetas de investigación contra mujeres por interrumpir sus embarazos.
En contraste, la activista en contra del aborto Irma Barrientos, integrante de la organización civil mexicana Derechos del Concebido, que defiende el derecho a la vida, afirmó que le generaba dolor e indignación que la Suprema Corte “no escuche la voz de todos los mexicanos”. Barrientos señaló que espera que los médicos no acaten la sentencia y no realicen los procedimientos de aborto.
La activista dijo que diferentes agrupaciones civiles en todo el país se están organizando para realizar movilizaciones contra la sentencia.
El primer estado mexicano en despenalizar y legislar sobre el derecho al aborto fue Ciudad de México hace 15 años. Le siguió Oaxaca en 2019. A partir de 2021, el goteo de cambios legales ha sido continuo y actualmente también está despenalizado en Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo.
No obstante, en un país donde la Iglesia Católica tiene importante influencia todavía en muchos lugares donde se despenalizó existen problemas para poder acceder a un aborto.
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