Los olvidados de siempre
Mario Lope Herrera (*)
El pasado 15 de junio el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud del gobierno federal, daba a conocer que Yucatán era el estado con mayor número de casos positivos y defunciones por Covid-19 en población indígena. Para esas fechas, la entidad figuraba con 250 casos acumulados y 50 muertos, según cifras del gobierno federal.
Además, el funcionario federal informaba que la entidad ocupaba el tercer lugar en población rural en casos positivos y fallecimientos por Covid, con más de 400 casos y 60 muertos.
Hay que precisar que no es lo mismo población indígena que población rural. La primera se refiere a un grupo de personas adscritas a una cultura (lengua, vestimenta, cosmovisión) y puede incluso habitar zonas urbanas, y la segunda se refiere a un grupo de personas que habita fuera de la periferia de las ciudades, y que puede ser población indígena o no.
“No es posible tener cobertura efectiva”, sentenciaba López-Gatell. Esta frase simbolizaba el clavo transexenal de tantas décadas de olvido y estrategias y planes e instituciones creadas para la foto y así simular que los indígenas estaban incluidos en un país clasista y profundamente racista.
No ha habido ningún gobierno que ponga en la agenda pública a los pueblos originarios. Ya hemos visto que el Tren Maya parece ser una historia más de despojo y etnocidio; esperemos el paso de los años para comprobar si así lo fue.
Y en esta región sureste ni se diga; entregar despensas y láminas de asbesto no es otra cosa que aprovecharse de la desgracia para lucrar con ella en las urnas.
Pobreza extrema
Dos elementos que juegan en contra de los pueblos indígenas y la población rural frente a la pandemia es la pobreza extrema y los precarios sistemas de salud que persisten en sus comunidades.
La mayoría de ellos se emplean en la capital para realizar trabajos mal pagados, sin acceso a la seguridad social, con largas jornadas laborales (más de 8 horas), sin equipo de protección (para los que se dedican a la construcción), además de que tienen que ocupar hasta 3 horas de sus jornadas diarias para trasladarse a sus comunidades.
Cuando llegó la pandemia a Yucatán, ese precario ritmo de vida, marginación, mala alimentación, salud y ausencia de seguridad social mostraba que los gobiernos federal y estatal ya habían aplicado el “distanciamiento social” desde hacía varias décadas atrás con los pueblos indígenas en el estado.
Según el Coneval, en 2018 Yucatán contaba con el 40 por ciento de su población en pobreza extrema; ésta no solo se concentraba en las comunidades rurales sino también se distribuía en zonas urbanas de la capital yucateca. Esto quiere decir que pobreza extrema no es sinónimo de población indígena o rural.
Los 50 muertos de la población indígena y 60 de la rural que citó el doctor López-Gatell de Yucatán son no una muestra de la casualidad azarosa del virus sino de una causalidad de las políticas públicas que atraviesan varios sexenios y que hoy se traducen en muertes.
Desnutrición
Además de las desventajas que se han mencionado, la población indígena posee altos índices de enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión a causa de la pésima alimentación a la que están expuestos.
Y menciono que están expuestos porque no tienen otra opción. Si bien es cierto que la mayoría de ellos se dedican al autoconsumo, un alto número de la población indígena y rural está predispuesta a una alta ingesta de bebidas azucaradas y comida chatarra que se ofrecen al paso como una “oportunidad” de empresas que las promocionan, pues reclutan potenciales prospectos para establecer tienditas y changarros y con ello detonar el consumo de estos productos nocivos para la salud.
Según el citado Coneval, Yucatán ocupa el quinto lugar nacional en tasa de desnutrición severa, con una incidencia de 8.2 casos por cada 100 mil habitantes, la tasa nacional es de 4.6 casos. La desnutrición no se delimita por no comer sino por comer mal.
Además, la Secretaría de Salud federal reveló que en Yucatán, el problema de la obesidad es exponencialmente preocupante, ya que en 2018 se diagnosticaron 22 mil casos, de los cuales el 65 por ciento, es decir 14,229, se presentó en hombres y 7,772 en mujeres.
Los casos más frecuentes de muertes por Covid-19 en Yucatán se sujetan a población altamente vulnerable por tener antecedentes clínicos y comorbilidades como la obesidad, producto del excesivo consumo de comida procesada y bebidas azucaradas que trajo consigo la globalización y la apertura comercial desde los tiempos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tratado que fue ratificado por México, Estados Unidos y Canadá, y que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en el discurso se dice antineoliberal, celebró.
Pobres en Mérida
En una nota de la prensa nacional publicada el 6 de abril del 2019, con base en datos del Coneval, se indica que Mérida concentraba el año pasado a 132 mil personas viviendo en pobreza extrema. Se mencionaba que el presente gobierno estatal pretendía sacar de esa pobreza a cuando menos 100 mil habitantes.
Con el coronavirus, todo eso no solo se vino abajo, sino que puso en relieve los problemas sociales, los fallos y las diferencias en la sociedad yucateca.
La pandemia y el confinamiento trajo consigo casi 120 días de inactividad económica, cuyas primeras semanas se intentó combatir con incipientes apoyos de “desempleo”, es decir, se trató de combatir un mega-incendio con cubetas de agua, cuando lo ideal no era combatirlo sino evitarlo.
Muchos sexenios después, y con la pandemia sobre nosotros, el mismo gobierno se dio cuenta de que el estado de salud de los yucatecos y la escuálida infraestructura hospitalaria de la entidad, no podían hacerle frente a un virus desconocido en la escena mundial y mucho menos cuando emergía la precaria situación económica de la mayoría de los habitantes.
Mérida es una ciudad de pobres. Si hacemos un corte en los cuatro puntos cardinales, podremos apreciar que el sur, oriente y poniente de la ciudad lo habita una “pobreza moderada”, que es parte de los 43 millones de mexicanos que viven en esa condición y que creen que son clase media.
Para la analista Viri Ríos, doctora en gobierno por la Universidad de Harvard, el 61% de la población mexicana se identifica con la clase media, pero solo el 12% lo es. Es decir, la clase media la conforman aquellas personas que tiene un sueldo de 64 mil pesos mensuales para una familia de 4 integrantes.
Como dije ya, pobreza ya no es sinónimo de población indígena ni rural. Las grandes urbes, sobre todo en el sureste mexicano, son pobres.
El coronavirus provocará que los que realmente integran la clase media tengan una mayor probabilidad de volverse pobres que de ser ricos. La población meridana podría seguir siendo dependiente de los programas sociales de los gobiernos estatal y federal y éstos, a su vez, dependientes de las escuálidas inversiones que atraen sus políticas de gobierno.— Mérida, Yucatán.
mjlope77@gmail.com
@MarioLopeH1
Licenciado en Ciencias Antropológicas por la Uady. Escritor
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