La diputada de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género, Milagros Romero Bastarrachea, aseveró que la Ley Seca decretada por el Gobierno del Estado no funcionó, y tampoco fue un factor que incidiera en la disminución de la violencia en contra de las niñas y mujeres durante el confinamiento.
Expresó que durante los casi dos meses que se prohibió la venta de alcohol, los números no fueron positivos, no obstante, el resultado fue de 18 muertes por consumir bebidas adulteradas, dos personas con ceguera, y el aumento de casos de violencia intrafamiliar, como reflejaron algunos refugios que trabajan con mujeres agredidas.
“Quiero dejar en claro que la Ley Seca fue una medida que no funcionó, y que se requieren de estrategias frontales para combatir la violencia hacía las mujeres en Yucatán”, precisó.
Explicó que las autoridades estatales no están atacando las causas de la violencia, que sumado a la abstinencia y al encierro, provoca que los agresores sean más violentos. Así mismo destacó que cuando una mujer acude a interponer una denuncia, son recibidas por funcionarios públicos con poca sensibilidad.
Romero Bastarrachea lamentó que la Ley Seca se haya puesto en marcha para evitar poner en riesgo a los elementos de seguridad pública “ya que la atención de casos de violencia contra niñas, niños y mujeres, causados por la ingesta de alcohol los distrae de labores de seguridad más importantes o apremiantes”, según el decreto publicado en el Diario Oficial del Estado.
Dijo que el Gobierno del Estado manifestó que los pedidos de ayuda al 9-1-1 por violencia familiar decrecieron en un 49.7 por ciento, sin embargo, diversos organismos encargados en defender a las mujeres en Yucatán, revelaron datos contrarios.
Expuso que el refugio de APIS Sureste, dirigido por Leticia Murúa Beltrán Aragón operó al 100 por ciento de su capacidad en abril, y que durante ese mes se quedaron sin espacios para recibir a mujeres violentadas. Situación similar ocurre con Instituto de la Mujer de Mérida, que está a punto de rebasar su capacidad de atención ante el aumento de las víctimas, e incluso, contemplan canalizarlas a cuartos de hotel para garantizar su seguridad.
De la misma forma, el Observatorio Ciudadano del Feminicidio en Yucatán confirmó que tuvo aumento del 114.6 por ciento de llamadas, del 17 de abril al 17 de mayo. Y que los casos más atendidos tenían relación con el abuso sexual, hostigamiento o violencia.
“Estos números reflejan que la Ley Seca fue una estrategia fallida, y que las mujeres son doblemente vulneradas durante la pandemia”, finalizó la legisladora.
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